miércoles, 5 de agosto de 2009

LA RADIO ES MIA

Este miércoles un grupo de periodistas, trabajadores de la prensa y sociedad civil atendieron el llamado del Colegio Nacional de Periodistas para reunirse en las instalaciones del Centro Cultural Chacao y crear la Organización No Gubernamental,sin fines de lucro, "La Radio es Mía".

Durante el evento los trabajadores de CNB compartieron sus testimonios y se solidarizaron con sus compañeros de otras radios, que también se han visto afectadas por la medida ejecutada por el Gobierno Nacional en contra de 34 emisoras.

Por su parte, Isa Dobles se refirió a las amenazas en contra de la libertad de expresión. “Es un momento dramático. Estamos viviendo un momento muy difícil, pero es una oportunidad para luchar”, agregó.

El Secretario de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Roger Santodomingo, instó al fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a renunciar a su cargo. Condenó la propuesta de Ley de Delitos Mediáticos y la catalogó como “antidemocrática”, así como la retención del equipo de Globovisión, en la 13 Brigada ubicada en el estado Lara, cuando grababa la imagen de un mural de próceres que amaneció pintado simulando mordazas en sus bocas.

En los próximos días, en las emisoras de radio, televisores, diarios y en otros lugares, estarán a la disposición de los ciudadanos planillas para respaldar la creación de esta ONG y sumarse a esta iniciativa.

NACIONES UNIDAS Y OEA PREOCUPADOS POR LO QUE ESTA PASANDO EN VENEZUELA

En este momento no es sólo por la tensa relación entre los gobiernos de Bogotá, por lo de los lanza cohetes o la computadora parlanchina que parece hablar cada vez más, o la intervención del presidente en asuntos internos de otros países como el caso Honduras, o la cada vez más grave visión que se tiene desde el exterior sobre las rutas del narcotráfico utilizando teritorio venezolano, pese a los inmensos decomisos que históricamente demuestran que podría estar pasando tres y más veces de droga que lo que se decomisa. Tampoco es por lo felíz que deben estar los argentinos, su gobierno y sus empresarios y no precisamente por nuevas pistas de la corrupción que mostró el caso de la valija de Antonini, llena de dólares para campaña, sino por el desarrollo endógeno que lograran si en definitiva el gobernante de Caracas busca productos alimenticios en otros mercados más allá del colombiano.

RELATOR DE LA ONU PREOCUPADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESION

El Relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, expresó su seria preocupación ante el cierre de 34 radios en Venezuela, que consideró "constituye un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes en el continente".

Señaló que el cierre de las radioemisoras se ha realizado bajo el argumento de faltas administrativas por parte de los directores de las radios clausuradas, las cuales habrían debido ser resueltas mediante los procedimientos administrativos legales normales, dando posibilidad a pronunciarse a todas las partes y buscando correctivos que no impliquen el cierre de medios de comunicación que han estado transmitiendo durante mucho tiempo.

Según el Relator para la Libertad de Expresión , la decisión de sancionar a un medio de comunicación social o de clausurarlo no puede ser una simple decisión política del organismo ejecutivo pues, de ser así, se prestaría a la arbitrariedad y al abuso de poder.

La Rue concluyó solicitando a las autoridades del Gobierno Nacional a dejar sin efecto las órdenes de cierre de las 34 radioemisoras afectadas, hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político, basada en el pleno respeto a los derechos humanos.

LA OEA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION

El Comisionado para los asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, enviaron una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, para manifestar su "profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión, solicitar información por los hechos que vienen ocurriendo en dicho país", y entregar observaciones respecto de la propuesta del Ministerio Público denominada Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos.

En los últimos meses altos funcionarios del Estado han realizado fuertes declaraciones públicas en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas, acusándolos de practicar un “terrorismo mediático” y de fomentar un “discurso de odio” que puede afectar la “salud mental” de la población venezolana. Luego de tales declaraciones, se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos privados afines al gobierno. El 3 de agosto de 2009, Globovisión, canal de televisión previamente declarado por un grupo delincuencial como “objetivo militar”, fue objeto de un grave ataque por parte de grupos privados. Según la información recibida, los atacantes ingresaron armados a la sede del canal de televisión, arrojaron bombas lacrimógenas, intimidaron a los trabajadores del medio e hirieron a un guardia de seguridad.

En la carta, el Comisionado Pinheiro y la Relatora Especial condenaron estos graves hechos, reconocieron la pronta reacción del Presidente Hugo Chávez así como del Ministro del Interior y Justicia Tareck El Aissami, y exhortaron a las autoridades venezolanas a investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos violentos. Recordaron al Estado que, debido a las graves amenazas de que han sido objeto, los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión se encuentran protegidos con medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004.

Manifestaron su preocupación por información que indica que el 3 de julio de 2009 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó cancelar la transmisión por televisión y radio de avisos publicitarios que criticaban un proyecto de reforma legislativa. La medida prohibitiva señaló que tales anuncios podrían constituir una amenaza al orden público y otras autoridades indicaron que los mismos afectarían la “salud mental” de los habitantes del territorio venezolano. Luego de esta decisión, las autoridades competentes habrían abierto procedimientos administrativos sancionatorios contra los medios de comunicación que transmitieron dicha propaganda y el Ministerio Público habría interpuesto una denuncia penal contra los medios escritos que la publicaron.

A este respecto, el Comisionado y la Relatora Especial recordaron al Estado que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 citado, debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática. Asimismo, pusieron de presente que el artículo 13 de la Convención Americana prohíbe la censura.
En su carta, el Comisionado y la Relatora Especial se refieren a la decisión de 31 de julio de 2009, por medio de la cual Conatel ordenó a 34 radioemisoras de AM y FM de todo el país cesar sus transmisiones de manera inmediata. Previamente, el Ministro para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, había señalado que algunas de las emisoras cuyo permiso o concesión estaba siendo revisado “juegan a la desestabilización en Venezuela”.

Estas afirmaciones sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para adoptar la decisión de cierre. Pinheiro y Botero Marino expresaron su profunda preocupación por estos hechos y recordaron al Estado que el artículo 13.3 de la Convención Americana establece que: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones

Por otra parte, el 30 de julio de 2009 la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expuso ante la Asamblea Nacional el denominado “Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos”, el cual establece sanciones privativas de la libertad por “aquellas conductas que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado y la salud mental, que generen un clima de impunidad o inseguridad, y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

En la carta, el Comisionado y la Relatora Especial recuerdan al Estado venezolano la obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública. Nada de esto se compadece con el uso indiscriminado del derecho penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones, especialmente cuando las mismas se refieren a asuntos públicos.

De otra parte, la ambigüedad de las conductas descritas en la propuesta expuesta terminaría por silenciar el debate sobre aquellos temas que justamente requieren de una mayor deliberación y control público. Asimismo, su enorme amplitud podría comprometer, de forma grave, el principio de estricta legalidad que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, obliga a los Estados a definir de manera expresa, precisa y clara, cada una de las conductas que pueden ser objeto de sanción. En palabras del tribunal: “La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad”.

“De ser aprobada esta propuesta, ninguna persona en la República Bolivariana de Venezuela podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos o disidentes sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal”, indicaron Pinheiro y Botero Marino.

Finalmente, el Comisionado y la Relatora Especial reiteraron las solicitudes previas de información sobre las situaciones descritas. Asimismo, ofrecieron al Estado su colaboración en la discusión de las normas o políticas públicas relacionadas con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

DIPUTADOS CHILENOS APRUEBAN CONDENA CONTRA ATAQUES A MEDIOS

El Congreso chileno condenó los abusos de poder en Venezuela tras el cierre de las emisoras de radio. Con la aprobación de 64 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que condena la actitud del gobierno venezolano ante las restrcciones a la libertad de Expresión.

Expresan preocupación por el deterioro de la calidad de la democracia en Venezuela y por la propuesta de Ley de Delitos Mediáticos, presentada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional que pretende "regular" a los medios de comunicación.

Precisan textualmente que "se rechaza rotundamente la amenaza, la violencia y el abuso de poder en ese país". De igual forma, los diputados condenaron la utilización de la justicia para atemorizar a los medios de comunicación y restringir, de esta forma, la libertad de expresión.

PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE LA CADENA CAPRILES PIDEN RENUNCIA DE FISCALA

Los periodistas y demás trabajadores de Últimas Noticias, El Mundo, Líder, Dominical, CadenaGlobal.com y demás medios editados por la Cadena Capriles, reunidos en asamblea, rechazamos la propuesta de la fiscala Luisa Ortega Díaz sobre una Ley contra Delitos Mediáticos y, en consecuencia, solicitamos su inmediata renuncia. No es aceptable que la funcionaria garante de los derechos humanos reclame límites para la libertad de expresión, criminalizando el ejercicio de la misma.

Texto del comunicado:

Nosotros, los abajo firmantes, trabajadores de Últimas Noticias, El Mundo, Líder, Dominical, CadenaGlobal.com y demás medios editados por la Cadena Capriles, así como sus corresponsalías, en virtud de las recientes acciones gubernamentales que evidencian una nueva agresión en contra de la libertad de expresión y apegados a los principios y valores éticos que rigen el periodismo, convenimos:

1. Exigir la renuncia de la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, por actuar de espaldas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al presentar ante la Asamblea Nacional el mal llamado Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, acción que nada tiene que ver con el Ministerio Público. Con esta conducta, la alta funcionaria incurrió en usurpación de funciones y obvió, además, su razón de ser como garante de los derechos ciudadanos, intentando criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión.

2. Hacer un llamado a los diputados a la Asamblea Nacional para que en colectivo mantengan el rechazo a la propuesta de la Fiscala, así como a cualquier otra destinada a limitar el derecho que tenemos todos los ciudadanos venezolanos de expresarnos libremente.

3. Exhortar al Gobierno nacional a hacer cumplir la Constitución en los términos que establece el artículo 143, que le reconoce a los ciudadanos el derecho a ser informados oportuna, verazmente y sin censura por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones. Así, pues, denunciamos la política de obstrucción aplicada por esta administración a través de sus distintos organismos e instancias cuando se requiere acceso a las fuentes oficiales.

4. Condenar las medidas de cierre de 34 estaciones de radio en todo el país, al tiempo que pedimos que cese la persecución contra las más de 200 emisoras ya anunciadas por el ministro para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien se basa en que Conatel es un organismo adscrito al mencionado despacho. Exigimos que no se cierre ni un medio de comunicación más y que los procedimientos administrativos a que hubiere lugar se realicen con estricto apego al debido proceso y a puertas abiertas, respetando las fuentes de trabajo y los canales de expresión de la ciudadanía.

5. Repudiar el ataque armado en contra de la sede de Globovisión y de sus trabajadores, perpetrado el pasado lunes 3 de agosto. En este sentido, solicitamos al Estado para que, a través de los órganos competentes, aplique las sanciones correspondientes y ponga fin a la impunidad que ha caracterizado los atentados contra los medios de comunicación y a sus periodistas.

6. Dada esta serie de hechos, los trabajadores de todos los medios editados por la Cadena Capriles nos declaramos en asamblea permanente y nos mantenemos en alerta ante cualquier nuevo intento de vulnerar los derechos ciudadanos previstos en nuestra Carta Magna y demás convenios internacionales suscritos por la República en esta materia.

NADA LE CONVIENE MAS AL GOBIERNO QUE PROVOCAR UNA CONFRONTACION

El director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel, indicó este miércoles que la mayoría del país rechaza las acciones tomadas por el gobierno contra los medios de comunicación en general. “Cerca del 80 por ciento de los venezolanos cuestiona y rechaza las medidas contra los medios de comunicación”.

Schemel Informó que en estos momentos está haciendo una encuesta exclusiva sobre la situación con el cierre de las 34 emisoras de radios, pero en base a estudios anteriores recientes “nos indican que hay un rechazo importante, significativo, mayoritario con relación a esta arremetida contra los medios de comunicación en general”. En su opinión los principios y valores democráticos están fortalecidos en el país y hay que colocarlos en primer plano, ante la estrategia gubernamental.

“Las élites tienen que pasar a una etapa de mayor presencia, con un discurso de inclusión ante las clases sociales”.

Schemel explicó que la etapa de la radicalización del proceso revolucionario que se vive hoy día se llama dentro del chavismo “la guerra patria”.

“Se pasa de la etapa hegemónica a la etapa coercitiva” que consiste según el encuestador en “acentuar la confrontación de clases, la división de la sociedad venezolana, construir el andamiaje legal favorable a la revolución, someter las fuerzas adversas al proceso y controlar los espacios que en momentos de crisis pueda vulnerar la revolución”.

Adicionalmente se persigue controlar espacios de producción de opinión para fortalecer el aparato propagandístico y el discurso oficial, e “imponer una agenda política vertiginosa donde estén ausentes los problemas de la gente, como la inseguridad, el desempleo, la corrupción que debilitan el liderazgo de Chávez”.

“Se trata de blindar la revolución frente a sus crecientes debilidades y amenazas y al debilitamiento del liderazgo carismático del presidente Chávez. 60% piensa que lo mejor es que entregue el poder en 2012 a un nuevo liderazgo”.

Agregó que en el país “hay un agotamiento, fatiga carismática, hay descontento con el agravamiento de los problemas y la falta de resultados. Hoy la revolución está amenazada por la crisis económica, el agravamiento de los problemas y la revolución pasa a la etapa de mayor control”.

Schemel comentó que “nada le conviene más a este proceso que provocar una confrontación violenta y el reto de las fuerzas democráticas es insistir en la agenda electoral, contar con una agenda propia donde los problemas de la gente esté en primer plano y la movilización de calle en forma pacífica”.

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