Informe RCR

EL VATICANO ENVIA CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO EX PRESIDENTE CALDERA

Envió sus condolencias por el fallecimiento del ex presidente, Rafael Caldera, a través de un telegrama, remitido al cardenal Jorge Urosa Savino, y suscrito por el secretario de Estado Tarsicio Bertone.

La Santa Sede calificó al ex mandatario como un "hombre de profunda fe y amor a la Iglesia".

SEPELIO A LAS CUATRO DE LA TARDE

Hoy se está llevando a cabo una misa por parte del cardenal Jorge Urosa Savino, a la memoria del ex mandatario, se espera sea enterrado en el cementerio del Este a las cuatro de la tarde.

A los actos velatorios han asistido innumerables figuras de renonmbre nacional e internacional, incluido el ex presidente colombiano, AndrésPastrana.
PIDEN A LAS FARC PRONUNCIARSE SOBRE MUERTE DE GOBERNADOR
La senadora Piedad Córdoba informó que han pedido que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se pronuncien sobre su responsabilidad o no en el secuestro y asesinato del gobernador de Caquetá a comienzos de semana, un crimen que provocó repudio en Colombia y el gobierno atribuyó al grupo rebelde.

La política, que está gestionando la liberación de dos militares secuestrados por las FARC, dijo que el grupo "Colombianos y Colombianas por la Paz'' le exigió a aclarar si tuvieron participación en el crimen cometido por hombres con uniformes militares que se llevaron al gobernador Luis Francisco Cuéllar la noche del lunes y poco después lo degollaron, informó AP.

El gobierno del presidente Alvaro Uribe dijo que el asesinato fue cometido por las FARC, aunque esa guerrilla aun no se pronuncia al respecto.

El martes, después de conocerse el secuestro de Cuéllar, Uribe ordenó que las fuerzas armadas busquen la liberación por la vía militar de todos los rehenes del grupo guerrillero, unos 20 policías y militares algunos de los cuales llevan más de 10 años cautivos.

INHABILITACION POLITICA ES POSTERIOR A UNA CONDENA

Al responder a una solicitud interpuesta por el profesor de la UCV Julio Alberto Alvarez, la Sala Electoral del TSJ sostiene que "la inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio o prisión y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tenga el penado y la incapacidad durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio".

En la sentencia número 151, del pasado 25 de noviembre con ponencia del magistrado Luis Martínez Hernández se ratificó el contenido del artículo 24 del Código Penal vigente.

La Sala además agregó que esta sanción "se refiere al impedimento tanto para ejercer cargos políticos o públicos como en lo relativo al derecho al sufragio". En lo que se refiere a la suspensión del derecho a votar, indicó: "Debe entenderse que se trata del sufragio como función pública o derecho de los ciudadanos, para participar de la conformación de la voluntad pública a través de elecciones o referendos, bien sea para seleccionar a titulares de cargos de elección popular, o bien respecto a aquellos procesos electorales en los que el cuerpo electoral debe tomar una decisión de carácter público, como lo sería un referendo".

En el dictamen, el máximo juzgado también dejó en claro que "esta interpretación del dispositivo legal, además es la que mejor se ajusta tanto a la letra como a la finalidad del artículo 65 de la Constitución".

La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".

Precisamente este artículo ha sido esgrimido por varios de los cientos de venezolanos que a lo largo de estos años han sido inhabilitados por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, para cuestionar la legalidad de la medida.

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado venezolano por la aplicación de este tipo de sanciones.

En 2008 el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, formalizó un proceso contra la inhabilitación que le impuso el organismo encargado de velar por el buen manejo de los fondos públicos, la cual le impidió presentarse como candidato a alcalde metropolitano de Caracas en los comicios de noviembre del año pasado.