Funcionarios del CICPC se presentaron en horas de la noche de este jueves en la quinta Las Cerraduras, ubicada en la avenida Alfredo Jahn de la urbanización Los Chorros, en el noreste de Caracas. Al frente del operativo está el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Wilmer Flores Trossel y participan funcionarios del Indepabis y efectivos de la Guardia Nacional.
Se desconocen detalles específicos de la motivación del procedimiento.Zuloaga es presidente de Globovisión, canal que en las últimas semanas ha recibido amenazas de cierre, incluso del propio del Presidente de la República.Mientras se registraba este allanamiento policial, ningún medio de comunicación de señal abierta ha podido transmitir esta información ya que por segunda vez en el día, el Presidente de la República ha obligado a todas las radios y televisoras a transmitir en cadena dos actos: uno con trabajadores petroleros y otro desde el estado Bolívar presentando planes de nacionalización de empresas del sector de las empresas básicas del aluminio y hierro y anunciando aumentos salariales para los trabajadores de esa zona que llevan varias semanas amenazando con paralizar actividades ante el incumplimiento oficial.
VENEZUELA DEBE PONER FIN A PERSECUSIÓN DE CANAL DE TELEVISION
La organización defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch sostuvo que el gobierno del Presidente Hugo Chávez debe poner fin inmediatamente a la persecución de un canal de televisión privado crítico del gobierno y debe clausurar la injustificada investigación que lleva a cabo sobre la conducta de dicho canal.
En respuesta a la cobertura de Globovisión del temblor del 4 de mayo de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha iniciado una investigación de este canal, argumentando que la cobertura del sismo "podría generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población".
En alusión al temblor, en un discurso que se transmitió por televisión y radio el 10 de mayo, el Presidente Hugo Chávez acusó públicamente a este medio privado de "incitar al odio, a la guerra" y les advirtió que "no se equivoquen", ya que "están jugando con fuego", reseñó Human Right Watch en un comunicado.
"El gobierno de Chávez nuevamente abusa de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Simplemente no hay justificación para sancionar a un canal de televisión por difundir noticias sobre un temblor".
Como Human Rights Watch documentó en su informe "Una Década de Chávez", la redacción ambigua e imprecisa de la ley, la gravedad de las sanciones contempladas y el hecho que su aplicación esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo incrementan la vulnerabilidad de los medios radiales y televisivos frente a injerencias arbitrarias y presiones para que se autocensuren.
En varias oportunidades, funcionarios venezolanos han invocado estas disposiciones en advertencias dirigidas a canales de televisión durante momentos de tensión política y en circunstancias en las cuales su aplicación hubiera resultado injustificada y, por lo tanto, hubiera constituido una injerencia arbitraria en el derecho a la libertad de expresión.
El gobierno de Chávez también ha abusado reiteradamente de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a los canales que emiten una programación manifiestamente crítica.
En mayo de 2007, por ejemplo, Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su presunto apoyo al golpe de abril de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de los estándares de transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse.
"Las amenazas del gobierno de Chávez evidencian el riesgo inherente a los abusos que representa una norma que tiene una redacción tan ambigua y amplia. Y puede ser utilizada, como en el caso de Globovisión, discrecionalmente por el gobierno para intimidar a sus críticos", señaló Vivanco.
ACCIONES ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
El Presidente de las Empresas 1BC, Marcel Granier, introdujo recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir que RCTV tenga su señal abierta, pública y gratuita para toda Venezuela tal como la mantuvo durante más de medio siglo hasta el 27 de mayo de 2007.Escuchemos los detalles con la periodista Mardolein Prin Hernández.
En seis días se cumplirán dos años de la decisión del gobierno del Presidente Hugo Chávez de cerrar la señal abierta de RCTV.
DESDE LA UCV EXIGEN ACLARAR DAÑOS
Autoridades de la Universidad Central de Venezuela exigirán a los organismos del Estado investigar los daños causados este miércoles al patrimonio de esa casa de estudios.
Secretario de la UCV, el sociólogo Amalio Belmonte, rechaza acusaciones del Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, quien responsabiló a las autoridades ucevistas por la quema de unidades de transporte y otros daños en los predios universitarios.Belmonte conversó este jueves con INFORME RCR para hacer un primer balance de la movilización hasta la sede del Ministeiro de Educación Superior.
Belmonte recuerda que los simpatizantes del gobierno nacional dentro de la UCV, cuando asisten a foros o debates, no exponen ninguno de los problemas que ahora critican pero al salir de esos encuentros si salen declarando públicamente que las autoridades ucevistas son responsables del mal manejo presupuestario.
DESIGNADOS TRES FISCALES PARA INVESTIGAR HECHOS DE VIOLENCIA EN LA UCV
El Ministerio Público designó tres fiscales para dirigir y coordinar la investigación relacionada con los hechos violentos ocurridos en la Universidad Central de Venezuela (UCV), que dejaron cinco unidades automotoras incendiadas
y daños al patrimonio de la máxima casa de estudios del país.
En ese sentido, los fiscales 20° nacional, 45° y 76° del área metropolitana de Caracas, Daniel Guédez Hernández, Dorys Márquez y José Rafael Rivero, respectivamente, dirigen la investigación y han ordenado practicar una serie de diligencias a las cinco unidades siniestradas durante los días martes 19 y miércoles 20 de mayo.
A propósito de la intoxicación de más de cien niños en una escuela ubicada en la avenida Baralt de Caracas,el ex ministro de Sanidad Rafael Orihuela,hizo un llamado a las autoridades para que den información oportuna sobre este caso que podría tratarse de otro ejemplo de la mala higiene en la manipulación de alimentos o la repetición de casos como el de Chichiriviche de la Costa, en el estado Vargas.
GOBIERNO TOMA CONTROL DE PLANTA DE GAS
El presidente Hugo Chávez encabezó la toma de control de una planta de inyección de gas que operaba la firma estadounidense Williams en el estado Monagas, cuya expropiación ya fue oficializada la semana pasada en virtud de la ley que reserva al Estado las actividades conexas a la industria petrolera.
"Empieza una nueva etapa, de compromiso mayor con la patria", celebró el mandatario mientras recorría las instalaciones de esta planta, llamada Pigap II y ubicada en el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas.
El Gobierno publicó en Gaceta Oficial la expropiación de dos plantas de inyección de gas, Pigap II e IGF El Furrial, y una de compresión, operadas por Willpro, filial de Williams en Venezuela.
Tres reclusos heridos deja situación irregular en el Internado Judicial de Los Teques.
Representantes de sindicatos petroleros acudieron ante el Consejo Nacional Electoral para pedir se anule medida que suspendió elección de nueva directiva del sector.
Hidrocapital anuncia suspensión del servicio de agua en cinco parroquias del centro y norte de Caracas.
Cuba expulsó a agentes de inteligencia españoles que investigaban a miembros del grupo terrorista ETA en ese país.Desde Madrid la Corresponsal RCR María Alejandra Trujillo, con la información.
Autoridades de Ciudad de México decretan fin del alerta sanitaria tras disminuir los casos de la gripo A H1N1
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