Dirigentes opositores encabezaron la marcha por la "Libertad y la Democracia" que partió desde el Centro Lido en la avenida Francisco de miranda de Caracas para llegar a la Fiscalía General de la República donde consignaron un documento ante la fiscal Luisa Ortega Díaz. La dirigencia reiteró que encabezaron la caminata para garantizar el caracter pacífico de la actividad.
Al llegar a la Fiscalía, el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, señaló que durante la caminata fueron provocados por jóvenes con cámaras y micrófonos, quienes se identificaron como periodistas de canales del Estado.Ledezma, aseguró que “las expectativas son de paz” para la marcha de este sábado y dijo que caminarían hacia la Fiscalía General de la República sin caer en provocaciones. Anunció que estará al frente de la manifestación opositora junto a algunos dirigentes políticos.
Exhortó a la población a no responder a los “provocadores de oficio” y señaló que “la familia unida” dará clases de educación en el mes de septiembre. Destacó que la unidad es lo que se vive en el lugar.
Así mismo, Ledezma le pidió al presidente Chávez que ponga cese a la persecución contra los alcaldes y los gobernadores, contra los periodistas y a la politización de los cuerpos policiales.
“Hoy se repite una marcha que va a ser pacífica que no se va a dejar llevar por la violencia”, afirmó el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, quien invitó a la población a unirse a la manifestación. También estuvo presente en la caminata Eveling Trejo de Rosales, esposa del ex gobernador del Zulia Manuel Rosales, quien aseguró que el gobierno protesta a todos aquellos venezolanos que han dicho “no tenemos miedo”. “Tenemos que defender lo que es de nuestros hijos”, afirmó.
“Estoy aquí como ciudadana venezolana diciéndole a la señora Fiscal que reflexione y que no nos puede meter miedo, que se quite la chaqueta del PSUV”, agregó.
Alfredo Ramos, dirigente de Nuevo Sindicalismo, aseguró que los venezolanos han respondido a la convocatoria para defender sus derechos de tener calidad de vida. Ramos pidió al presidente Chávez “que se ponga a gobernar definitivamente”.
Se solidarizó con los trabajadores de la Alcaldía Mayor recluidos en La Planta. “El pueblo no tiene miedo va a continuar en la calle defendiendo sus derechos”, afirmó.
“Este gobierno tiene que ponerse a gobernar, no a estar persiguiendo a la dirigencia política”, opinó
Por su parte, William Ojeda, representante de Un Nuevo Tiempo, destacó que la Mesa Social de la Unidad reflejó 1518 acciones de protesta en el país en lo que va de año, la mayoría de ellas por descontento en materia de beneficios laborales. A su juicio se puede notar “una efervescencia del pueblo en la calle reclamando su derecho”.
Esta vez no hubo barreras policiales ni actitudes agresivas de uniformados con equipos antimotines, ni mucho menos arengas político partidistas de algunos miembros de la Guardia Nacional como el pasado 22 de agosto, cuando abiertamente violaron la Constitución vigente, y ésta vez no se lanzaron artefactos de gases lacrimógenos contra políticos, estudiantes, ancianos,adultos, mujeres,jovenes y gente de todos los estratos sociales de la capital del país, que ratificaron su derecho a manifestar, su derecho a protestar y a salir a las calles a manifestar su rechazo a quienes dirigen al país sin aceptar que hay miles, millones de personas que no piensan igual que ellos, y tienen diez años, sin ser respetados, ni siquiera cuando sus votos, reconocidos por el poder electoral, le dan poder regional y local a su dirigencia.
CARTA ENTREGADA DURANTE LA MARCHA ANTE LA FISCALIA GENERAL
Caracas 5 de septiembre de 2009
Ciudadana
Abg. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Su Despacho.-
Nosotros, abajo firmantes, ciudadanos venezolanos, dirigentes políticos de los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, en representación de los miles de ciudadanos que hoy nos acompañan, partidarios sin reservas del pluralismo, del Estado de Derecho, de la naturaleza alternativa de los gobiernos, de la transparencia y la responsabilidad de los gobernantes ante los electores, así como del respeto absoluto a los derechos humanos de los hombres y mujeres considerados como individuos concretos y no como partes de entidades abstractas que terminan siendo manipulados por el poder, nos dirigimos a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:
“…Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.”.
En este sentido, queremos manifestar nuestro más contundente repudio a los siguientes hechos:
1.- Deploramos las declaraciones emitidas por usted, en fecha viernes 28 de agosto del presente año, durante el desarrollo de su programa radial “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido en Radio Nacional de Venezuela, donde se señala, de acuerdo con la nota de prensa, entre otras cosas, lo siguiente:
“…La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país, afirmación que realizó a propósito de los hechos violentos ocurridos en la marcha que convocó el fin de semana pasado la oposición para manifestar contra la Ley Orgánica de 1 Educación.
/"Anuncio que el Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales", reiteró Ortega Díaz. / En el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, dijo que le llama mucho la atención que algunos de los manifestantes, cuando eran emplazados sobre por qué estaban en desacuerdo con el articulado de la referida norma, ni siquiera sabían cuál era el contenido del recién aprobado texto legal. / Asimismo, acotó que algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar. A ellos no les importa nada, no les importa el país, lo que quieren es desestabilizar", agregó la Fiscal General. / Aseguró que dichas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil, el cual de acuerdo con el artículo 143 del Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años, los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando. / "Entonces, estas conductas pudiesen estar encuadradas perfectamente en el tipo penal. Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", señaló la Ortega Díaz. / La jefa del Ministerio Público acotó que algunas personas, a través de algunos medios de comunicación, anteponen el interés individual por el colectivo con el "propósito de forzar la insurrección popular y el orden público, producir la inestabilidad de todas las instituciones, incitando incluso a la desobediencia de las leyes". / Refirió que estos grupos están generando enfrentamientos entre las personas, entre los venezolanos. "Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública, con cuyas acciones, todos los que las ejecutan, todos los que están desarrollando estas conductas, están atentando contra el gobierno constitucionalmente electo", manifestó Ortega Díaz.”. Fuente: Página web del
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Ministerio Público, www.fiscalia.gov.ve, link http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa2808.htm .
La libertad de reunión y manifestación es uno de los derechos esenciales a una sociedad democrática, sobre todo cuando se ejerce con la finalidad de expresar una crítica política.
Es inaceptable que se considere subversivo el ejercicio de un derecho humano como el derecho de manifestación sólo porque con ello se persiga la finalidad de criticar al Gobierno, como sostuvo la Fiscal General de la República, ya que éste es el ámbito en el que ese derecho merece mayor protección según la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.
No aceptamos bajo ninguna circunstancia que el derecho a la manifestación pueda considerarase, tal como se desprende de sus declaraciones, como un intento de desestabilizar las instituciones, crear caos social, atentar contra autoridades establecidas o vandalizar propiedad pública.
No puede propugnarse una concepción del orden público, propia de una sociedad autoritaria, en la que la tranquilidad o sigilo de la ciudadanía es el valor supremo. Menos aun cuando esta concepción sólo se aplica respecto de la disidencia política.
Si a las autoridades les importa preservar la estabilidad institucional, deberían fomentar espacios para el dialogo en lugar de negar estos para luego reaccionar represivamente frente a las manifestaciones pacíficas de descontento. Para nadie es un secreto que el actual sistema político venezolano muestra un acentuado sesgo a la discriminación de todo individuo o grupo que no comparta su visión del país, proteste contra la corrupción, critique sus políticas públicas, exija transparencia en las finanzas públicas, rechace su irresponsable política exterior o resista los intentos por ideologizar todos los ámbitos de la vida social.
A pesar del cierre de medios de comunicación y del peligro latente de autocensura, en el país todavía existe libertad de expresión, no porque el gobierno lo permite, sino porque los ciudadanos no se dejan callar. La manifestación que acompaña a esta comunicación es prueba de ello. Nuestra acción, por tanto, es un intento por frenar la avanzada autoritaria que hoy amenaza a la democracia venezolana.
Le recordamos a la ciudadana Fiscal General, que la manifestación y la protesta, no constituyen delito en nuestro ordenamiento jurídico. Muy por el contrario, constituyen un derecho de tradición constitucional, que se encontraba previsto en el artículo 115 de la Constitución de 1961 y que hoy es desarrollado por el artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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Igualmente, el derecho a manifestar está establecido en el artículo 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así que cuando se conculca y criminaliza este derecho, Venezuela se convierte en un Estado forajido en materia de derechos fundamentales.
Por otra parte, con sus declaraciones, más allá de transformar en delito la protesta, soslaya el carácter autónomo del Ministerio Público como ente integrante del Poder Ciudadano y actúa como que si éste formara parte o dependiera del Ejecutivo Nacional. Con esto se viola el principio de la separación de los Poderes, que debe existir en todo Estado democrático y se transgrede igualmente lo establecido en el artículo 273 de la Constitución. Le recordamos que la vigencia del Estado de Derecho, o los que es lo mismo, las garantías y salvaguardas a los derechos humanos de los ciudadanos ante los que ejercen el poder, dependen en última instancia de la existencia de organismos autónomos y profesionales que actúen como barrera ante los abusos del poder. Le exigimos cumplir el papel que es este sentido le asigna la Constitución de la República.
2.- Rechazamos las últimas acciones de evidente persecución política, que han desplegado los fiscales del Ministerio Público en complicidad con los Tribunales. Producto de esta última arremetida, violatoria de las más elementales garantías judiciales del debido proceso, resultaron ilegalmente perseguidos o detenidos numerosos compatriotas. En función de lo anterior:
A.- Exigimos la libertad de Richard Blanco, prefecto de Caracas y Presidente de Alianza Bravo Pueblo, a quien no sólo se le conculcó su derecho a ser juzgado en libertad, sino que no se le otorgó oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, de aportar pruebas, de contradecir la denuncia y de ser imputado previo a la detención. Se enteró de la acción en su contra, cuando funcionarios del CICPC lo esposaron mientras trabajaba por los ciudadanos de Caracas desde su Despacho, por lo tanto, exigimos su inmediata liberación.
B.- Demandamos la excarcelación perentoria de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, cuyos nombres son: Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa, Lixido José Solarte. Todos ellos detenidos simplemente por manifestar a favor de sus derechos laborales,
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visto el despojo que desde la Asamblea Nacional se le hizo a la señalada Alcaldía.
C.- Pedimos, que cese de inmediato el auto de privación de libertad que pesa sobre el dirigente político Oscar Pérez, ya que no ha cometido delito alguno y simplemente se le imputa y persigue por el hecho de pensar distinto. Intenta ser una forma de amedrentar a los ciudadanos para evitar masivas actividades como la manifestación ocurrida en la ciudad de Caracas el sábado 22 de agosto en contra de la Ley Orgánica de Educación. Allí, sin ninguna acción que lo justificara, un Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, encabezó una alevosa agresión en contra de pacíficos manifestantes, utilizando de manera inconstitucional gases tóxicos y perdigones.
D.- Condenamos igualmente las declaraciones del Presidente de la República, donde prácticamente le dio una orden a la instituciones del Estado, de iniciar un antejuicio de mérito en contra del Gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas por los hechos ocurridos durante la marcha realizada el pasado sábado 29 del corriente mes en la ciudad de San Cristóbal, donde pacíficos manifestantes, fueron agredidos por empleados oficialistas, desde la sede de la zona educativa regional.
E.- Repudiamos asimismo, la ilegal detención del periodista y dirigente político de Un Nuevo Tiempo Gustavo Azócar, por presuntamente desacatar una medida cautelar, que violando su libertad de expresión, lo limitaba de hablar de su propio juicio.
F.- Rechazamos lo ocurrido con los dirigentes políticos de Un Nuevo Tiempo Delsa Solórzano y José Luis Farias, quienes de denunciantes pasaron a ser citados por el Ministerio Público en la condición de “investigados penalmente”, figura esta no prevista en la legislación venezolana.
Aunado a todos estos casos, que mencionamos por ser los más recientes, exigimos que el Ministerio Público realice las correspondientes solicitudes a los Tribunales competentes, con la finalidad de que cese la detención de los más de 40 venezolanos que hoy se encuentran privados de su libertad, por disentir políticamente.
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Asimismo, reclamamos que se haga lo conducente para que terminen los procesos penales que, según PROVEA, hoy pesan sobre más de 2.200 venezolanos, simplemente por manifestar su inconformidad con las políticas gubernamentales.
La situación ha llegado a los extremos de afectar a los trabajadores venezolanos quienes sufren en primera línea la represión generalizada. Hoy, en Venezuela, se persigue y criminaliza la reivindicación de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Una gran cantidad de trabajadores enfrenta juicios en los tribunales, no por hechos que pudieran considerarse políticos, sino por reclamar la vigencia de sus derechos a una remuneración decente, a un clima de trabajo que favorezca la productividad y a la modernización y ampliación de la capacidad productiva de sus empresas, como es el caso de las luchas en Guayana.
Mientras el Ministerio Público se dedica exclusivamente a perseguir la disidencia política y la protesta de los trabajadores, los delincuentes hacen de las suyas con los bienes, la integridad física y la vida de los venezolanos. Esto ha llevado a que, según cifras oficiales, la impunidad en nuestro país alcanza la alarmante cifra de 97%.
Por último, destacamos que a pesar de las múltiples amenazas recibidas por parte de todos los funcionarios del régimen, los venezolanos que amamos la democracia, seguiremos luchando con la finalidad de que más temprano que tarde, en Venezuela se restablezca la separación de los Poderes y el Estado de Derecho, para que así, todos los ciudadanos, sin distingo de color político, puedan disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales.
Sin más a lo cual hacer referencia, es Justicia, que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación.
Atentamente,
Omar Barboza
CI. 3 379 102
Av. Principal de Las Palmas, Edificio Montral, Caracas.
Teléfono: 0414 307 37 29
Antonio Ledezma,Edwin Luzardo,José Antonio España,Nicolás Sosa,Tomás Terán,Julio Borges,Tomas Guanipa,Juan Carlos Caldera,Ismael García,Cristóbal Fernández Daló,Juan José Molina,Ricardo Gutiérrez,Henrique Salas Romer,Carlos Berrizbeitia,Enrique Márquez,Delsa Solórzano,William Ojeda,José Luis Farías,Eveling Trejo de Rosales,Eliseo Fermín,Stalin González,Alfonso Marquina,Enrique Ochoa Antich,Gerardo Blyde,Ricardo Sánchez,Liliana Hernández,Luis Aparicio,Gabriel Puerta,Carlos Hermoso,Jesús Hermoso,Pedro Moreno,Henry Ramos Allup,Bernabé Gutiérrez,Felix Arroyo
Freddy Marcano,Angel Medina,Luis Ignacio Planas,Luis Carlos Solórzano,Alejandro Vivas
Andrés Velásquez,Daniel Santolo,Rafael Venegas,Enrique Martínez,Luis Trincado,Cipriano Heredia,José Gregorio Garcia,Arnaldo González,Haydee Deutsch,Ramón Guillermo Aveledo,Fernando Spiritto.
ABREN NUEVO PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRA GLOBOVISION Y OTRAS 29 RADIOS
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la apertura de "procesos administrativos sancionatorios" contra latelevisoraprivada Globovisión y 29 emisoras de radio, que podrían perder su licencia.
"Con la acción de las primeras 34 emisoras de radio para democratizar el espectro dijeron que nos asustamos, pues ya hay 29 más que saldrán dentro de poco", señaló Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas.
A principios de agosto, Conatel ordenó la salida del aire de 34 emisoras de radio argumentando que estarían explotando su licencia de forma irregular. La decisión fue muy criticada dentro y fuera de Venezuela pero Cabello advirtió de que otras 200 emisoras tenían el riesgo de correr la misma suerte.
"Se dio la primera acción y seguimos adelante, tenemos otro lote de emisoras que ya hemos revisado (...) No tenemos miedo, seguimos adelante. Cada emisora tiene su expediente" señaló Cabello.
Globovisión ya tiene seis procesos administrativos abiertos en su contra.
En esta ocasión, el origen sería un mensaje de texto enviado a la televisión por un usuario en el que instaba a dar un golpe de Estado contra el presidente, reseñó AFP.
"Si usted llama al golpe de Estado, si usted llama al magnicidio asuma su responsabilidad. Le vamos a aplicar la ley, para que respeten la constitución", puntualizó el funcionario.
Radiodifusores rechazan nuevas amenazas del Presidente y su ministro Cabello Rondón
COMUNICADO SOMOS RADIO
Este sábado 5 de septiembre de 2009, el Ministro Diosdado Cabello declaró que el gobierno seguirá adelante con su política de “democratización del espectro radioeléctrico” y aseguró que ya revisaron otro lote de emisoras – esta vez 29- que serán cerradas por incumplir con los requerimientos exigidos por Conatel y su despacho.
Desde la asociación Somos Radio queremos rechazar enérgicamente esta nueva amenaza de cierre, haciendo un llamado a todos los grupos y organizaciones de la sociedad civil para que estén alertas y se unan a nosotros en repudio a la medida arbitraria que pretende tomar el Ministro Diosdado Cabello con las radios de nuestro país.
Al mismo tiempo, reiteramos que con el cierre de estaciones de radio se cercena el derecho al empleo de un buen número de personas que trabajan en este medio y por eso nos preguntamos con gran preocupación ¿Por qué el gobierno pretende dejar a su pueblo sin trabajo? ¿Acaso no se dan cuenta que al cerrar radios, los más afectados son los empleados de cada una de ellas? ¿Por qué quieren quitarle a la gente el derecho a elegir lo que quieren escuchar? ¿Cuál es la verdadera intención de un gobierno que dice ser democrático y está cerrando progresivamente todos los espacios que garantizan un verdadero estado de derecho?
Somos Radio está en alerta permanente ante la amenaza de más cierres y su lucha continuará más activa que nunca ante lo que está por venir.
Señor Ministro: si cree que con un nuevo cierre de estaciones de radio callará nuestra voz, se equivoca, porque sus medidas arbitrarias y autoritarias son el impulso para que Somos Radio continúe en la calle denunciando las injusticias de las que están siendo víctimas miles de trabajadores y usuarios en toda Venezuela. Al cerrar emisoras, no son los dueños de medios los más afectados, sino el pueblo. Si Hugo Chávez es el pueblo, ¿por qué les da la espalda?
Caracas, 5 de septiembre de 2009
RCR Y EL CIERRE ILEGAL DE 32 EMISORAS DE RADIO Y DOS TELEVISORAS LOCALES
Este 1 de septiembre, se cumplió un mes del cierre arbitrario, inconstitucional e ilegal de 32 estaciones de radio y dos estaciones de televisión regionales que, sumadas a la violencia contra periodistas y al cierre de la señal abierta de Radio Caracas Televisión, configuran claramente una política sistemática de estado contra la libertad de pensamiento y de expresión de todos los venezolanos.
Asimismo, vemos con preocupación como, aunado a lo anterior, se añade la represión judicial y policial contra manifestantes pacíficos y líderes de sectores democráticos. La inmensa mayoría que somos quiere paz, prosperidad, igualdad de oportunidades y que se respete el pensamiento y la opinión, por ello, hacemos un llamado a la reflexión y a la rectificación; y, en consecuencia, solicitamos:
- Que cese la agresión contra periodistas, camarógrafos y trabajadores de la prensa, radio y televisión.
- La reapertura de todas las estaciones de radio y televisión cerradas.
- Que cese la represión judicial y policial contra el derecho a protestar pacíficamente.
- La libertad inmediata de todos los detenidos.
- Que cesen la imposición de leyes a espaldas del consenso y de los intereses de todos los venezolanos.
- Que se libere a los presos políticos.
- Que se respete el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, a la propiedad privada, el derecho a elegir, el derecho a manifestar pacíficamente y el derecho a pensar y opinar libremente.
Pedimos que se respete la Constitución, para que la solución de los problemas de la gente se construya en democracia y las diferencias políticas se resuelvan con el ejercicio del voto.En consecuencia, hacemos un llamado a participar pacíficamente en la marcha de este sábado 5 de septiembre de 2009.
LA PRENSA ESTORBA AL EJE BOLIVARIANO
El acoso contra los medios se agrava en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua - La censura y las amenazas a los periodistas disparan las alarmas en la región
MAITE RICO - Madrid - Diario EL PAIS de España.
"Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.
"Se toman medidas para asfixiar a la prensa", explica el presidente de la SIP
Se trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir "a los enemigos del pueblo".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. "En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina", explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. "Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles".
En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.
Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a "intereses de la oligarquía y el imperialismo" y "tergiversan la realidad". "Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América", declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para "vigilar" a los medios.
¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado "politizada"?
"En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios", asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa "en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder". Y eso tiene sus riesgos.
"Claro que hay errores y excesos", afirma Enrique Santos, pero son parte "de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales". Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.
Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.
Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la "ley mordaza" que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.
Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos". "Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo", dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.
Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como "gordita horrorosa", porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por "atentado contra la seguridad nacional". Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer "algunas vacas sagradas". Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.
En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. "De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial". Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. "Sólo el 10% de los periodistas son dignos", ha dicho. El resto, miente. "¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?", se pregunta la periodista Silvia Padilla.
Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas".
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